Sentencia A. 2084/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2084/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Demandas relativas a la devolución de aportes parafiscales del sistema de seguridad social en salud y pensiones

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 2084 DE 2023

 

Referencia: Expediente CJU-3411

 

    Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 1° Administrativo de Oralidad de Pamplona (Norte de Santander) y el Juzgado 2° Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales del mismo municipio

 

Magistrado ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

Valledupar, siete (07) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 La Cooperativa de Transportadores El Motilón Limitada (en adelante, “Cooptmotilon Ltda.”), a través de apoderado, interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante, “ADRES”)[1]. Las pretensiones de la demanda se concretaron en (i) solicitar la nulidad de la Resolución No. 0675 del 6 de abril 2022[2], por medio de la cual la entidad confirmó la Resolución No. 0115 del 28 de enero de ese año, en el sentido de no acceder a la devolución de aportes parafiscales que, en criterio de la demandante, se realizaron en exceso y por error. En consecuencia, pidió (ii) declarar que existió un pago de lo no debido[3]; y que, a título de restablecimiento de derecho, (iii) se ordene el reintegro de la suma cancelada de más.

 

2.                 El asunto fue asignado al Juzgado 1° Administrativo de Oralidad de Pamplona, autoridad que, en auto del 18 de octubre de 2022, declaró su falta de competencia y remitió el expediente a la Jurisdicción Ordinaria. En criterio del juez, esta última “es la encargada de conocer los asuntos relativos a la prestación de los servicios de la seguridad social y el manejo de sus recursos”[4], de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante, “CPTSS”) y en la jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[5].

 

3.                 El Jugado 2° Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Pamplona, en auto del 15 de diciembre de 2022[6], propuso un conflicto negativo entre jurisdicciones y ordenó remitir el expediente a esta corporación. En su criterio, contrario a lo afirmado por el Juzgado 1° Administrativo, el caso no gira en torno a la prestación de servicios de seguridad social, pues lo que se cuestiona es la actuación de una entidad del Estado, como lo es la ADRES. Así, en virtud de los artículos 104 y 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, “CPACA”), le asiste a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (en adelante, “JCA”) el conocimiento del caso.

 

4.                 El 23 de mayo de 2023, la Sala Plena de esta corporación repartió el presente asunto al despacho del magistrado sustanciador, y el día 26 del mes y año en cita remitió formalmente el expediente.

 

II.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

5.                 Competencia. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

6.                 Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones. Esta corporación ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[7].

 

7.                 En particular, de forma reiterada, se ha considerado que para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se den los presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[8]. De esta manera, se ha explicado que (i) el presupuesto subjetivo exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones^[9]; (ii) el presupuesto objetivo se refiere a la existencia de una causa judicial sobre la cual se suscite la disputa, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional^[10]; y (iii) el presupuesto normativo que implica la necesidad que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto^[11].

 

8.                 Competencia de las jurisdicciones Contenciosa Administrativa y de la Ordinaria Laboral, en materia de reclamaciones para la devolución de aportes a la seguridad social. El artículo 104 del CPACA establece que la JCA conoce de “las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”. Así, esta regla general habilita a los jueces de lo contencioso administrativo para conocer de los conflictos en el que estén vinculadas entidades públicas, así como particulares en ejercicio de funciones administrativas.

 

9.                 Por su parte, el artículo 2° del CPTSS señala que los jueces laborales conocen de “[l]as controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras”, es decir, la JOL conoce de las demandas relacionadas con la prestación de los servicios de la seguridad social.

 

10.             En el auto 051 de 2023, la Sala Plena se pronunció sobre un conflicto entre la JOL y la JCA, a raíz de una demanda en la que una cooperativa de trabajo asociado solicitó la nulidad de actos administrativos expedidos por la ADRES, por medio de los cuales la entidad negó la devolución de pagos por concepto de aportes parafiscales. En dicha oportunidad, la Corte aclaró que la pretensión no se refería a una controversia sobre la prestación del servicio de seguridad social en salud, razón por lo cual la JOL no es competente. Por otro lado, señaló que las contribuciones parafiscales son recursos públicos cuyo recaudo y administración obedecen a funciones públicas delegadas y reconocidas para las EPS y la ADRES. Sumado a lo anterior, el asunto giró en torno a la nulidad de decisiones proferidas en el marco de un proceso administrativo y en el ejercicio de funciones de la misma naturaleza[12].

 

11.             En este orden de ideas, se estableció la siguiente regla de decisión: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer y decidir demandas contra una EPS y/o la ADRES, así como contra los fondos de pensiones del régimen de prima media (RPM) o del régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), relativas a la devolución de aportes parafiscales del sistema de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con el artículo 104 del CPACA”[13].

 

12.             Examen del caso concreto. En el caso concreto, se cumplen con los tres presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones, por las siguientes razones: (i) el mismo se suscitó entre el Juzgado 1° Administrativo de Oralidad de Pamplona y el Juzgado 2° Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales del mismo municipio, como autoridades que integran distintas jurisdicciones (presupuesto subjetivo); (ii) se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla, esta es, el conocimiento de la demanda presentada por Cooptmotilon Ltda., a través de apoderado, con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución No. 0675 del 6 de abril 2022, por medio de la cual la ADRES negó la devolución de aportes parafiscales, al parecer, pagados en exceso y por error (presupuesto objetivo); y (iii) se verificó que las dos autoridades judiciales en conflicto citaron y justificaron su falta de jurisdicción, en el artículo 2° del CPTSS, en la jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en los artículos 104 y 105 del CPACA (presupuesto normativo).

 

13.             Acreditados los citados presupuestos, este tribunal advierte que es necesario aplicar la regla jurisprudencial fijada en el auto 051 de 2023, por virtud de la cual la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las demandas contra la ADRES relativas a la devolución de aportes parafiscales al sistema de seguridad social en salud y pensiones.

 

14.             Lo anterior con fundamento en las siguientes razones: (i) en la demanda no se advierte una controversia basada en aspectos relativos a la prestación de servicios de seguridad social en salud o pensiones. Por el contrario, (ii) las pretensiones buscan la devolución del pago por contribuciones parafiscales, es decir, recursos que son de naturaleza pública. Igualmente, (iii) la Resolución No. 0675 del 6 de abril 2022 es un acto sujeto al derecho administrativo y que involucra a una entidad pública, como lo es la ADRES.

 

15.             Por ende, la Sala Plena dirimirá el presente conflicto de jurisdicciones declarando que le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la demanda promovida por La Cooperativa de Transportadores El Motilón Limitada en contra de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por consiguiente, ordenará la remisión del expediente al Juzgado 1° Administrativo de Oralidad de Pamplona, para lo de su competencia.

 

16.             Regla de la decisión. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer y decidir demandas contra una EPS y/o la ADRES, así como contra los fondos de pensiones del régimen de prima media (RPM) o del régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), relativas a la devolución de aportes parafiscales del sistema de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con el artículo 104 del CPACA[14].

 

III. DECISIÓN

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. - DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 1° Administrativo de Oralidad de Pamplona y el Juzgado 2° Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales del mismo municipio, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 1° Administrativo de Oralidad de Pamplona es la autoridad competente para conocer la demanda promovida por la Cooperativa de Transportadores El Motilón Limitada en contra de la ADRES.

 

Segundo. - REMITIR el expediente CJU-3411 al Juzgado 1° Administrativo de Oralidad de Pamplona para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados, entre ellos, al Juzgado 2° Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales del citado municipio.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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